La presencia del Coronavirus en el mundo ha representado nuevos e importantes retos para toda la humanidad. Pero la dificultad para acceder a servicios de salud y atención médica, por desgracia, no es una novedad para muchas mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas o a los estratos sociales más pobres, así como no lo es para tantas personas que se han visto en la necesidad de dejar su lugar de origen o residencia para sobrevivir o encontrar alguna oportunidad en otro lugar.
A este gran número de personas, la actual crisis sanitaria no ha venido a arrebatarles derechos ya consolidados, sino a dificultar aún más la posibilidad de cubrir sus necesidades más básicas. Además, a menudo los obstáculos que estas personas tienen para ejercer un derecho impactan a otros derechos más. Esto supone una compleja cadena de afectaciones a derechos de las personas más vulnerables que, en definitiva, haría difícil afirmar que tienen garantizado su acceso a la justicia en el sentido más amplio e inmediato.
Es reconocido que los flujos migratorios mixtos han ido en aumento. Pero a veces, poco se dice de las problemáticas reales y concretas que enfrentan las personas migrantes para poder ejercer sus mínimos derechos.
Para muchos es conocido, por ejemplo, que en el norte de nuestro país existe gran cantidad de personas, nacionales y extranjeros, que buscan la oportunidad para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero seguramente es desconocido que algunas de estas personas son mujeres extranjeras (solas o acompañadas) que han llegado embarazadas a la frontera norte en Tijuana o Mexicali y que, por diversas circunstancias que prolongan su tránsito (e incluso transforman a México en país de destino), han “dado a luz” a sus hijos en dichas ciudades.
Todavía menos visible es que muchas de estas mujeres no han podido acceder a clínicas y hospitales para ser atendidas en el parto y han tenido que recurrir a una organización de parteras que brindan importante ayuda humanitaria, pero que no cuentan con registro oficial. Esto último imposibilita a dicha organización emitir los certificados de nacimiento respectivos, sin existir mecanismos efectivos para solucionar esta situación, lo que lleva a negar el registro de estas niñas y niños mexicanos, vulnerando su derecho a la identidad. La misma consecuencia enfrentan otras niñas y niños mexicanos de padres extranjeros que no han sido registrados por las autoridades del Registro civil de aquellas localidades, por la imposibilidad de los padres de presentar actas de nacimiento apostilladas, lo que refleja una cultura que privilegia la formalidad administrativa a la efectividad de los derechos.
Como es evidente, estos puntuales ejemplos suponen una afectación al relevante derecho a la identidad, pero con ello, generan situaciones de apatridia de hecho (por más que normativamente estas niñas y niños tengan derecho a la nacionalidad mexicana y del país de sus padres), que afectan de origen derechos a la salud, a la educación, a la unidad familiar, etc., y colocan a estas niñas y niños en situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, frente al crimen organizado.
Es atendiendo a estas realidades que el acceso a la justicia de las personas en situación de movilidad, debe entenderse de manera integral, necesariamente vinculado a la efectividad concreta de sus derechos. Este es el enfoque y tratamiento que desarrollará el “Diplomado de Acceso a la Justicia de los migrantes” impulsado por la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla y que dará inicio el próximo 12 de febrero.
Juan Carlos Barrios Lira
Docente en la división de Universidad Abierta de la Facultad UNAM y en la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México.
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