La pandemia por SARS-COV2 de inicios de 2020 trajo consigo incertidumbre en todos los ámbitos, pues hubo que implementar nuevas y más eficaces formas para proteger a la sociedad del riesgo de contagiarse de una enfermedad desconocida para entonces. Algunas de las medidas adoptadas implicaron la restricción del ejercicio de ciertos derechos, como el de circulación, pues se limitó la asistencia, de forma presencial y masiva, a los trabajos, las escuelas, los centros comerciales, y a los eventos culturales o recreativos. Así, aunque la medida coadyuvó a mitigar el riesgo por el virus, hasta la fecha ha tenido grandes repercusiones en la sociedad, por ejemplo, de tipo económico, ya que muchas empresas no pudieron soportar los gastos sin percibir ingresos, lo que llevó a su quiebra y a la pérdida de empleos. Ante este escenario, las familias tuvieron que ajustar su economía a la falta o reducción de ingresos, según fuera el caso, con los consecuentes daños colaterales como la falta de pago de colegiaturas, hipotecas, préstamos bancarios y demás.
Pero como se habló en un inicio, se trató de una medida que solo restringió el ejercicio de derechos, sin suspenderlos como lo prevé el artículo 29 constitucional, pues para que el Presidente de la República pudiera decretar la suspensión, tendría que cumplir los requisitos ahí previstos.
La buena noticia es que, actualmente, el sector salud, el gobierno y, por supuesto, la sociedad, en la parte que a cada uno corresponde, han podido controlar en cierta medida el grado de afectación a la salud a causa de la enfermedad. Sin embargo, resulta imperante rescatar al sector económico del país; para ello, se requieren leyes que favorezcan la inversión, la creación de empleos y reduzcan los impuestos, de forma que la población pueda contar con una fuente de ingresos, atender sus necesidades básicas y cubrir las deudas generadas en los años pasados.
En tal sentido, no cualquier ley podría lograr tal propósito, pues si bien los legisladores cuentan con la legitimidad para crearla, en atención a la representación que les dimos con nuestro voto en las elecciones, se requiere más que ocupar una diputación o senaduría para presentar una ley eficiente y eficaz, se necesita presentar una ley clara, precisa, general, acorde a la constitución y con buenos argumentos. Lo anterior, a fin de que, de ser el caso, al ser sometida al control de un órgano jurisdiccional mediante un juicio de amparo, una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, logre superar el estudio de constitucionalidad y cumpla con el propósito que el legislador imprimió a dicha ley. Con ello, el legislador además de reforzar su legitimidad frente a la ciudadanía, incluso aquella que no voto por él, contribuirá a brindar seguridad jurídica, certeza y paz..
Ahora bien, aquí cabe preguntar ¿cómo los legisladores lograran crear una ley que cubra los atributos mencionados, si muchos de ellos no son abogados o, incluso, profesionistas? La respuesta es sencilla: “Adquiriendo herramientas para legislar,” ya sean ellos directamente, su grupo de asesores, el servicio becario, pasantes de estudio; o los centros de estudios que los apoyan en su labor. En ese sentido, con el fin de ofrecer tales herramientas, la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla, junto con profesionistas nacionales e internacionales integrantes de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica han diseñado el Diplomado de Argumentación Jurídica y Técnica Legislativa, el cual, debido a su naturaleza multidisciplinar, puede cursarlo cualquier persona interesada en profundizar en dichos temas, adquirir herramientas para crear buenas leyes o, en su caso, combatirlas cuando su inconstitucionalidad o ambigüedad sea tal que, al someterlas al escrutinio judicial, terminen siendo derrotadas.
Maestra en Derecho Procesal constitucional y Argumentación Jurídica; Coordinadora del Comité de Capacitación de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica y Asesora Legislativa en la Cámara de Diputados.