Por siglos los abogados hemos recibido una formación purista y ortodoxa, con la presunción de que todas las decisiones relevantes son tomadas por humanos. Actualmente esa presunción ya no es del todo cierta. Los algoritmos como instrucciones definidas, ordenadas y acotadas contribuyen en todos los procesos que antes eran exclusivamente para humanos: desde el desarrollo de contratos hasta la automatización de la justicia. En esta centuria el cambio no es solo tecnológico; es intensamente informático y ético.
Como abogado digital, confirmo que el mayor riesgo que tiene el derecho no es la tecnología, sino la enorme grieta entre el vertiginoso progreso de las inteligencias artificiales y la preparación de quienes deben interpretarla. El Derecho es el principal aparato de equilibrio social, pero para seguirle dando vida a ese papel se requiere de abogados con la capacidad de comprender cómo opera el entorno digital que hoy tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones.
La formación ética y digital de quienes ejercemos la abogacía desde distintas especialidades se vuelve indispensable. No basta con conocer leyes y normas; es imperante desplegar un criterio informático. La ética de la inteligencia artificial deja de ser un concepto vago para convertirse en la trascendental herramienta operativa: explorar alucinaciones algorítmicas, discutir las decisiones automatizadas y preservar los derechos los digitales.
La respuesta se halla en el trabajo académico que impulsa la Universidad Anáhuac Puebla a través del Taller en Derecho Digital, Inteligencia Artificial y Blindaje Legal, el cual no se restringe a enseñar tecnología, sino formar juristas capaces de dialogar con ella. Esto implica la comprensión de cómo se crean los riesgos digitales, cómo se comparten las responsabilidades y cómo debe actuar el jurista cuando la decisión proviene de una inteligencia artificial. Un abogado preparado en derecho informático y derecho digital no solo asesora mejor; contribuye a gestionar riesgos con el empleo de inteligencias artificiales.
En pleno s. XXI el entorno legal-digital precisa de profesionales capaces de comprender que las inteligencias artificiales no son neutrales y que cada una de ellas desdobla decisiones -emulando la estructura cerebral humana-, que deben ser revisadas, cuestionadas y, si es preciso, restringirlas.
Finalmente, las inteligencias artificiales realizan procesos muy rápido y toman decisiones en milisegundos en los distintos entornos operativos, pero solo el Derecho puede cuidar lo que no se puede automatizar: la dignidad humana en la era digital.
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